Durante las últimas semanas, muchas de las discusiones intelectuales en Guatemala han girado en torno al juicio en contra del ex Presidente de facto, General Retirado del Ejército y ex Presidente del Congreso de Guatemala José Efraín Ríos Montt.  Ríos Montt enfrenta un juicio por los  delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.  Este juicio y su resolución tendrá una relevancia de alto impacto en la lucha que realizan movimientos progresistas (conocidos también como liberales en EE.UU., liberales de izquierda, y/o como seguidores del social liberalismo) en la búsqueda por resolver conflictos históricos que armonicen el funcionamiento de un mercado regulado con una participación del Estado en la garantización de igualdad de  competencia y la corrección de desigualdades heredadas del período colonial y/o desigualdades que resultaron de la institucionalización política o social de prácticas racistas, clasistas, machistas, entre otras.

El juicio contra Ríos Montt, que podría convertirse en el “Juicio del siglo” de los intereses ideológicos progresistas latinoamericanos, tomó vuelo luego de que el 19 de marzo de 2013, una jueza guatemalteca abriese formalmente juicio contra el exdictador, acusándolo de genocidio contra miles indígenas durante su régimen de gobierno (1982-1983).  El genocidio es un delito internacional que comprende “cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal; estos actos comprenden la matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.” (via: Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 1998-2002 y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948).  La legislación guatemalteca incluye pena de prisión de 30 a 50 años para los culpables de estos delitos. Continue reading →